“La Asamblea FUERA PORTA se conforma no sólo con vecinas y vecinos de San Antonio, sino con vecinos/as de otros lugares de otros barrios y referentes de luchas ambientales de toda Córdoba, el trabajo que siempre ha llevado la asamblea en lucha es el trabajo en red, en esa red nos movemos y logramos ir a Buenos Aires, donde se encuentra la causa PORTA en la secretaría de juicios ambientales, fuimos 60 compañeros de lucha, los que pudieron de algún modo ubicarse de acuerdo a los tiempos laborales”, explica Silvia Cruz, vecina de Bº San Antonio y referenta de VUDAS.

En este viaje a Buenos Aires “visibilizamos todas las luchas, en realidad nos atraviesa Córdoba con una cuestión ambiental de emergencia y el tema de San Antonio con PORTA, también parte de la misma idea de políticas públicas que tiene el gobierno de la provincia de Córdoba, asi que tuvimos que ir sí o sí a la Corte”, comenta Silvia y explica que la idea “era visibilizar, que vieran los jueces nuestra intención de acelerar el tema del fallo ambiental, lo ambiental no espera, debe ser expeditivo y no está sucediendo así”.  

La decisión de presentarse ante la Corte Suprema de Justicia, tiene que ver con que se cumple un año de la presentación de un amparo ambiental colectivo ante la CSJ, tras la falta de respuestas concretas y efectivas de la justicia cordobesa.

“Decidimos trasladarnos todos después de un año que está la causa ahí en la secretaría a cargo del señor Néstor Cafferatta, el secretario de jueces, quien elabora los proyectos y demás en las resoluciones”.

“Lo único que queríamos era dar ese escrito, pero nos dimos la sorpresa que él se permitió hablar con las vecinas, sólo la parte actora puedo acceder y fue para contarle lo que en el expediente no está, en el expediente siempre hay cuestiones técnicas o jurídicas o derechos de ley, pero no están todos estos otros derechos que son la vulneración de derechos cotidianos, el vivir todos los días, los sentires, esas cosas no se escriben nunca, entonces fuimos a contarle qué era vivir al lado de la empresa PORTA, qué era padecer al lado de la empresa, y él nos escuchó”.

Además Silvia adelantó “él nos dijo que está escribiendo ese proyecto resolutivo y que en breve saldrá a conocerse, mucho más no podía decirnos, pero nos escuchó todo lo que teníamos para decirle”. 

Desde la asamblea VUDAS entienden que, en cuanto a lo ambiental, no hay políticas públicas y que el individualismo en la sociedad juega fuerte al momento de llevar adelante luchas colectivas. “No existen verdaderas políticas públicas, pero así como en Córdoba -que es una de las provincias que más devasta los territorios-, también tenemos otras, y otro tema es esta sociedad tan yo, esta sociedad muy hacia adentro, muy individualista, que cuesta por ahí, el término ambiental exige esto que contaba, de la red, no es fácil trabajar en red, trabajar en equipo y sacar todas las individualidades y lo mismo sucede en cada uno de los ámbitos, para entender el ambiente hay que entenderlo desde la ecología y la ecología se basa en redes, y nadie deja lo cotidiano y cada uno cuida su propia casa”.

En 2019, el juez federal Hugo Vaca Narvaja, falló a favor del reclamo barrial y en la sentencia reconoció que PORTA contamina, sin embargo no fue suficiente para accionar concretamente frente a la empresa. “Nuestro pedido es cese de la contaminación y cierre por mala habilitación, el cierre nunca se dió, la mala habilitación se determinó, más que mala habilitación, hubo una ilegalidad en el procedimiento de habilitarse, en el uso de suelo, en no cumplir con los estudios de impacto ambiental, gravísimo para la envergadura de esta empresa” recalca Silvia Cruz. 

Y manifiesta que desde el gobierno provincial, ampararon a la empresa: “y sin embargo la provincia de Córdoba el Gobernador Schiaretti y el organismo contralor que es la secretaría de ambiente, se presentó ante la decisión del juez de realizar estudios de impacto ambiental y dijeron que PORTA no necesitaba estudios de impacto ambiental, entonces avaló la instalación de ese modo de la empresa PORTA, obviamente ese fallo de Vaca Narvaja, si bien determina la ilegalidad a los vecinos no nos sirve, porque por un lado no pudo realizarse anda, por otro lado la empresa después de 20 años no puede hacer estudios de impacto ambiental porque el estudio de impacto ambiental es previo a la habilitación de negocio, ¿ahora qué tipo de estudio le harían y para que? ya sabemos que está ilegal y no hay una línea de base porque hay gente que ya se enfermó, gente que ya se murió o gente que ya se fue”.

A partir de esa situación, desde el colectivo optaron por apelar el fallo “lo apelamos y por eso recae ahí en la secretaría de juicios ambientales, en donde Caferatta es el secretario que elabora las resoluciones, y luego lo eleva a los jueces, en ese estadío está”, y agrega Silvia que “si bien Caferatta no es el que decide por último, es el que eleva y hace toda la estructura del fallo, entonces hay que ver qué es lo que ha escrito”.

El resultado de este viaje dá un balance positivo, “por lo menos que sepan ellos lo que no saben, sobre todo cuando las cuestiones ambientales son tan difíciles, atraviesan varias cuestiones, desde lo social, desde lo psicológico, proyectos de vida, no es solo comprobar estándares y concentraciones” expresa Silvia. 

“No hay forma de sostener luchas durante años si la justicia no ayuda a hacer más resolutiva, y sobre todo cuanto -ellos dicen- llega todo a la justicia porque los gobiernos provinciales están vulnerando demasiados derechos y no están protegiendo a las comunidades y entonces todo desencadena y termina en cuestiones judiciales eso es lo que está pasando también. En Argentina -la Corte Suprema de Justicia- es el último peldaño que un ciudadano podría pedir, casi rogamos por que nos consideren el derecho humano a existir, y lo hemos hecho durante 10 años, es un horror, da vergüenza ajena decir que tu país no te protege, que tu país te ha abandonado, es bastante triste”.

Un responsable común 

“No sólo es en San Antonio, están por poner plantas de bioetanol en toda las sierras, de ahí la autovía de montaña para trasladar todos esos insumos, y ahí el desmonte para poder sembrar más maíz, y la quita de tierras y toda esa vulneración, es una parte del eslabón toda la cadena de la idea de negocio”, explica Silvia.

“Ahí tenemos un responsable en común de todas las luchas, que es el gobernador de la provincia de Córdoba, que no está considerando su política pública, que no tienen que ver con las necesidades reales de los habitantes y está sacrificando, está usando a la gente para sacrificarla y eso no es un proyecto del estado provincial ni de estado nacional, sobretodo si quiere ser candidato a presidente”, manifiesta.