“Esto fue el puntapié inicial para un montón de luchas y reclamos”

26/05/2020 | CIUDADANÍA |

Marcelo Bracamonte, médico del Hospital Vicente Agüero del área Covid, dialogó con La Ronda en el marco de las protestas que realizó el personal de salud a nivel provincial este 25 de mayo. Remarcó principalmente la labor que se está llevando a cabo en todas las instituciones afectadas al coronavirus y la situación que atraviesan aquellos médicos/as con mayor exposición.

Marcelo Bracamonte - Médico

Durante el 25 de mayo, médicos y médicas de toda la provincial, y en todas las localidades, realizaron movilizaciones motorizadas por la “persecución judicial” que recae sobre dos médicos del geriátrico Santa Lucia imputados por “propagación de enfermedad contagiosa”. 

Uno de los principales puntos, en la conexión entre el Tribunal Superior de Justicia y el dueño del geriátrico de Saldán, uno de los principales puntos de contagio de la provincia, que queda plasmado en un comunicado que compartimos al final de la nota.

Marcelo Bracamonte, médico del Hospital Vicente Agüero del área Covid, dialogó con La Ronda sobre esta movilización que tuvo su réplica en Jesús María y que contó con personal que se desempeña en el ámbito público y privado. 

 “Estamos atentos a todos los protocolos y normas de bioseguridad porque nuestra intención no es perjudicar a nadie, al contrario, queremos llevarle tranquilidad a la gente y cuidar la integridad de los pacientes”, señaló Bracamonte y agregó: “Estamos cuidándonos nosotros, cuidando nuestra familia, y a su vez cuidando a cada paciente que ingresa”,   

Sobre la situación de la imputación a los médicos remarcó que “tendrían que venir los fiscales a atender (…) no puede alguien que no está expuesto juzgar a profesionales expuestos a la atención de pacientes con COVID”, punto fuerte del comunicado leído ayer durante la concentración. 

La protesta también dejó a las claras la situación del sistema de salud provincial y la situación de los médicos que tienen que trabajan en distintas instituciones por una cuestión económica: “nos lleva a andar de un lado a otro y la exposición es mayor”, explicó Bracamonte.  

Sobre la situación de los geriátricos en la zona, Bracamonte comentó que hace 70 días se tomaron todas las medidas correspondientes para evitar la propagación del virus en estas instituciones. Por ejemplo, se restringió el acceso a familiar, situación difícil para muchos pacientes geriatrizados, pero se trabajó en la contención de los mismos.  

A su vez, Bracamonte reconoció el importante trabajo del COE regional a la hora de brindar confianza y seguridad a los agentes de salud locales. En ese sentido, remarcó que el Zoldano escuchó siempre las recomendaciones y necesidades de los médicos y médicas del hospital. Ejemplo de esto fue el posicionamiento de trabajadores del hospital y otras instituciones sanitarias con respecto a flexibilizar las actividades comerciales en la zona.   


El comunicado leído ayer en Jesús María 

Agradezco desde la gremial hospitalaria a todos los médicos públicos, privados o independientes el estar aquí, para repudiar la imputación judicial que se impone hoy en la figura del Dr. Lucas Figueroa. Acusado dede propagar culposamente una enfermedad peligrosa y contagiosa agravada por el resultado de enfermedad y muerte en calidad de autor. Raro no?, se acusa al médico y no al dueño del geriátrico. Oh casualidad, el dueño es hijo de un miembro de la corporación judicial. Es lamentable,  si ni siquiera, tienen identificado al paciente cero de donde se contagió Figueroa. Hoy salimos a protestar por esto, pero ojo, mientras les sirvamos y no se resienta ningún servicio de salud, los reclamos solo serán retóricos, porque nos miran desde la indeferencia de que, con solo interferir un poco el tránsito, no pasa nada, no pasa nada compañeros. Ahora bién, si les paramos la atención apelan a la falta de humanismo, de vocación, el juramento hipocrático, servicios esenciales o críticos, etc. Dice el refrán, "si tocan a uno nos tocan a todos" y así la sangre va a llegar al río, que es lo que no queremos y todos seremos Lucas Figueroa. Les pregunto, porqué ningún fiscal imputó a una compañia aerea del mismo delito? Si ellos trajeron la infección desde el exterior? Bah, con la lógica del fiscal Andrés Godoy hubiese acusado a los pilotos o azafatas y no a la compañía. Les digo a todos los fiscales de J. María que los invito, antes de acusar a cualquier miembro del equipo de salud de propagar la enfermedad, que antes, se lleguen al hospital, clínica o sem, se coloquen un EPP, y atiendan a un paciente o embolsen un muerto por Covid-19. Los médicos decimos basta.Basta de estigmatizarnos. Basta de no oirnos. Basta de persecuciones. Basta de acusarnos. Basta de ajustes. Basta de precarizarnos. Basta de judicializarnos. Basta de aplausos hipócritas. No somos héroes, no somos asesinos. Basta, somos Médicos. GRACIAS.

El Comunicado que refiere a la situación de los médicos imputados

A LAS Y LOS MÉDICOS CORDOBESES:
Envío esta información para que veamos la gravedad de esta situación y en qué contexto se dan estos hechos.

La causa penal por la que nuestros colegas se encuentran imputados, se inició a raíz de una denuncia realizada por José Andrés Ahun Frau, Director General del Área Legal y Técnica del Ministerio de Salud de Córdoba, es decir, es el propio Poder Político quien puso en marcha esta persecución judicial en nuestra contra.

No sólo esto, sino que además, la Fiscalía que imputó a nuestros colegas, es una Fiscalía creada este año tras la pandemia, llamada Unidad Fiscal de Emergencia Sanitaria (UFES), a cargo del Secretario Díaz Reyna, íntimo amigo del Sr Sebastián López Peña, Juez del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, que a su vez fue designado por el actual Gobernador de la Provincia de Cba. 

El Secretario de UFES, Tomás Díaz Reyna, es un funcionario que fue nombrado sin haber rendido ningún concurso, es decir que fue designado en su cargo por el Poder Político (por Sebastián López Peña) y luego éste lo usa para estas canalladas, en este caso, para amedrentar al personal de salud y criminalizar nuestra labor. El gremio de las y los empleados judiciales realizaron el año pasado paros y marchas en contra de ésta y otras designaciones a dedo 
 
Esto constituye un claro argumento a nuestro favor, NO SÓLO NO SOMOS CRIMINALES, SINO QUE TAMPOCO VAMOS A LEGITIMAR DECISIONES DE PERSONAS QUE NO DEMOSTRARON IDONEIDAD PARA EL CARGO QUE OCUPAN Y QUE SU ÚNICO ROL ES SER EL BRAZO EJECUTOR DEL PODER DE TURNO.

El dueño del geriátrico de Saldán, Rafael López Peña, es el padre de Sebastián López Peña, el Juez del Tribunal Superior de Córdoba 
El Sr. López Peña (padre) en la causa por los contagios por COVID-19 en el geriátrico Santa Lucía de Saldán, NO FUE NI MENCIONADO. 
Esto quiere decir que el Gobierno no sólo nos tiene en condiciones laborales precarias: falta de EPP, salarios bajos, infraestructura hospitalaria deficiente, falta de insumos, exceso en carga horaria, explotación a médicos Residentes, SINO QUE ADEMÁS, NOS HACE UNA ADVERTENCIA: QUE NO SEAMOS DISRRUPTIVOS, PORQUE SI ELLOS QUIEREN, NOS METEN PRESOS.

ES AHORA O NUNCA. LUCHEMOS POR NUESTROS DERECHOS.
LOS MÉDICOS SOMOS MUCHOS, Y AHORA SOMOS UNO. 
    

Etiquetas: Coronavirus salud