La semana pasada la Justicia rechazó el pedido de oposición que Raúl Costa presentó  para evitar que se eleve a juicio la causa en la que se lo acusa de abuso de autoridad por haber firmado la resolución 1200 /10 que autorizó el cambio de uso del suelo a la empresa Ticupil S.A. para que comience un emprendimiento de loteo de 308 terrenos, de 2.750 m² cada uno.  Al rechazar este pedido el juez de control 3, Esteban Díaz Reyna, confirmó la elevación a juicio hecha por el Fiscal Anticorrupción de Primera Nominación Matías Bornancin. En declaraciones a #LaRonda el abogado de la Asamblea Vecinos del Chavascate se refirió sobre el dictamen al decir que el juez aseguró “que las leyes ambientales están para ser cumplidas, los funcionarios no pueden evadir esa responsabilidad y deben hacerlo valer”. 

El conflicto en la zona de Candonga comienza en el 2010 con la autorización de Costa para llevar adelante el emprendimiento, en 2013 vecinos y vecinas organizadas en Asamblea presentan la denuncia en Tribunales de Jesús María y comienza un proceso judicial que llegó a la imputación del ex Secretario de Ambiente en el 2016 y la elevación a juicio el año pasado, luego de idas y vueltas, finalmente la semana pasada quedó confirmado el juicio aunque todavía sin fecha prevista de inicio.

Para Smith la confirmación de la justicia tiene un alcance técnico y político al generar antecedentes para que secretarios/as de ambientes de la provincia, secretarios/as y directores/as de ambientes de municipalidades y comunas tengan que aplicar la ley de ambiente, sino “son pasibles de ser denunciado por abuso de autoridad o incumplimiendo de sus deberes de funcionarios”.  

Por otro lado el abogado también remarcó la necesidad de modificación de las leyes que sancionan este comportamiento ya que en la actualidad las penas previstas para estas imputaciones van de dos a seis meses de prisión con la posibilidad de elevar al doble la inhabilitación de cargos en la función pública, para Smith el problema es que las políticas ambientales no forman parte de la agenda electoral:“Yo no escuche ningún dirigente, ni diputado nacional por la provincia de Córdoba que se pongan a decir: modifiquemos esto y agravemos estas penas para que los funcionarios sepan que están por debajos de las políticas  que tienen que hacer cumplir y si no lo hacen pueden ir presos como cualquier persona que comete un delito”.

Mientras la Asamblea festeja este avance manifestó su preocupación por el avance del proyecto en un comunicado donde exigen a la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, y al Tribunal Superior de Justicia que “de manera urgente” hagan lugar a las medidas cautelares presentadas contra el emprendimiento de la empresa Ticupil S.A. ya que al contar con la firma de la Secretaría de Ambiente aún tienen potestad para seguir avanzando hasta que la justicia haga lugar al recurso de amparo presentado por los y las vecinas.