Ana Morillo, coordinadora del área de Salud de la Católicas por el Derecho a Decidir, organización que llevó a cabo este monitoreo provincial, dialogó con La Ronda para contar la realidad que vive Córdoba en relación a la implementación de la ley para interrumpir el embarazo. 

“Nos tomamos el tiempo para lograr tener un alto índice de respuesta y logramos que el 90 % de los efectores de salud públicos, o sea 721 servicios de salud nos respondieron la encuesta”, explicó y reconoció que hubo “resistencias” al momento de responder. 

“Nos encontramos con algunos municipios y comunas en que no sabían cómo implementar la IVE si no tenían quirófano, con un desconocimiento altísimo de las técnicas para interrumpir un embarazo, el tratamiento farmacológico, todavía hay mucha para difundir”, sumó. 

El estudio se realizó entre junio y septiembre del 2021 y apuntó a todos los responsables de salud de comunas y municipios provinciales, no sólo profesionales de la salud. Algunos de los interrogantes plasmados buscaban responder sobre dónde y cómo se garantizan derechos sexuales y (no) reproductivos; cuántos profesionales de la salud atienden salud sexual y reproductiva; qué dificultades hay en el acceso a métodos anticonceptivos en centros de salud y hospitales públicos.

El informe final cuenta con 52 páginas divididas en 8 capítulos al cual se puede acceder completo en este enlace. 

“Tenemos que decir que a 8 meses de la implementación de la ley ya teníamos 178 servicios de salud que atendrían abortos en la provincia”, señaló Morillo y vio con buenos ojos ese 25% de efectores que trabajan la IVE. 

Al mismo tiempo, aclaró que la objeción de conciencia que permite la ley es de carácter personal, no institucional. 

A su vez, contó que en la zona hay tres centros de salud públicos que atienden IVE en Jesús María. 

Por último manifestó preocupación por las políticas públicas tendientes a la prevención y métodos anticonceptivos: “Desde la campaña no somos pro-aborto como si fuera una decisión fácil y que se pueda travesar sin problemas. Sin dudas sabemos cómo se atraviesa una situación de aborto y siempre hay que profundizar las políticas preventivas”, señaló y explicó que es una preocupación el acceso a métodos anticonceptivos. “No puede ser que los métodos anticonceptivos coticen lo que cotizan en la parte privada”, cerró.