La conflictividad por la tierra se ha acrecentado en el norte y noroeste cordobés. Más en concreto, hay una amenaza siempre presente para muchas familias campesinas que tienen derechos posesorios sobre la tierra en y de la que viven, en la mayoría de los casos desde hace muchos años, pero no han podido sanear sus títulos de propiedad. Esta situación los expone a desalojos ordenados por la Justicia a instancias de empresarios o productores agropecuarios que supuestamente compran de buena fe. Esa amenaza permanente, en lugar de entrar en fase de tregua humanitaria durante la pandemia, se ha agravado. 

El Movimiento Campesino de Córdoba (MCC) ha dado a conocer 12 casos de familias del norte y noroeste provincial que están a punto de ser desalojadas. Puntualemte ubicadas en:  Paraje Juan García, departamento Avellaneda, paraje El Barrial, Sobremonte, Paraje Las Cañadas, Paraje Los Poleos, Villa Albertina, Paraje La Aguadita, Santa Ana, Paraje Santa Isabel, Villa Candelaria, Campo del Carro, Paraje San Ramón, Pozo de la Olla, Paraje Los Pozos, Las Maravillas en Río Seco, Taruca Pampa, Villa Alicia, entre otros.

Es decir, no sólo es el caso de Ramona Orellano de Bustamante, sino de otras por lo menos doce familias. Y estos son los casos relevados por el MCC que tiene desarrollo en casi todo el norte cordobés, pero que difícilmente pueda tomar conocimiento e intervenir en todos los casos. De modo que a estos conflictos debemos pensarlos en términos cuantitativos como la punta del iceberg de una situación mucho más grave.

La organización campesina ha calificado esta situación en términos de “alerta roja” y denuncia no solo la especulación empresarial sino el rol del propio Poder Judicial al legitimarla: a la Justicia Civil que avala esas pretensiones desconociendo el derecho posesorio con un criterio “discriminatorio y patriarcal” (porque en muchos casos las desalojadas son mujeres); a la Justicia Penal que criminaliza la defensa de la tierra y en muchos casos las familias campesinas terminan sentadas en el banquillo de los acusados.

Hay otro aspecto importante en torno a esta situación: el contexto de pandemia, donde los problemas económicos se han agravado en general y para los sectores populares en particular, ha mostrado el rol fundamental de las familias campesinas en el abastecimiento de alimentos. “En un contexto donde los precios de los alimentos suben cada día más, desalojar familias productoras significa entregarles la comida de los cordobeses a los intereses inescrupulosos, poniendo en riesgo además el poco monte nativo que aún sobrevive en nuestra provincia”, dice uno de los comunicados. 

Consultamos para esta columna a Raúl Almeida, abogado que integra el equipo jurídico del MCC y que cuando tratamos el caso de Ramona Bustamante hace varios meses ya nos venía alertando del agravamiento de una decena casos de familias en situación de indefensión jurídica. Almeida explica cuáles son las posibles razones de que esta situación haya entrado en fase crítica justamente durante la pandemia.