Por: La Tinta

Las organizaciones, asambleas y vecinxs que integran la Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo (CoDeBoNa) manifestaron públicamente su rechazo a las medidas anunciadas por el gobernador Juan Schiaretti tras los incendios que dejaron alrededor de 50 mil hectáreas quemadas en el territorio provincial.

Según mencionaron en un comunicado publicado este lunes por la noche, la presentación de medidas destinadas a la “Remediación Social, Productiva y Ambiental por los daños ocasionados por los incendios en el norte y el oeste provincial” encabezada por el Gobernador, la ministra de Coordinación, Silvina Rivero, y el secretario de Ambiente, Juan Carlos Scotto, no aportó “ni una mirada integral ni una política efectiva que responda a todos los aspectos de una política ambiental territorial que ha estado ausente en más de dos décadas y ha provocado el marco de abandono Estatal para que la especulación inmobiliaria, minera y agroindustrial produjera estos devastadores incendios, que no son fruto del clima y que, en la gran mayoría de los casos, son premeditados y tienen responsables directos”.

“Es una vergüenza que manifiesten, en forma manipulatoria y falaz, que las medidas mencionadas allí surgen de una comisión con la participación de ‘asociaciones ecologistas’, que, tal como describen desde la Asociación Civil Ecosistemas Argentinos en su comunicado, ‘fue una reunión virtual donde el Secretario de Ambiente Scotto presentó algunos lineamientos de un plan… pero no hubo instancia de participación alguna’, donde, a modo de cuasi un discurso o una conferencia de prensa, se silenciaron a todos los presentes y no existió mecanismo ni modalidad de realizar expresión alguna, llegando incluso a expulsar a personas y organizaciones en forma unilateral y sin razón alguna”, indicaron desde CoDeBoNa.

La CoDeBoNa es una coordinadora de organizaciones que surgió en 2016 para oponerse al proyecto de ley de bosques impulsado por el bloque de Unión por Córdoba. La red tuvo, desde el primer momento, el objetivo de reunir a cientos de conflictos socioambientales que venían ocurriendo al mismo tiempo en toda la provincia, pero aisladamente entre sí.

Desde este espacio, remarcaron que el “apurado anuncio grandilocuente” del Gobierno referido a la reforestación de 400.000 plantas en las áreas recientemente incendiadas no es, de ninguna manera, una medida acertada o aconsejada por ninguno de los documentos e instituciones que abordan integralmente medidas de restauración.

Ante estas declaraciones “desafortunadas e irresponsables”, desde la Coordinadora, remarcan la necesidad de una estrategia integral y exigen, en primer lugar, la necesidad de que se publiquen mapas, con cifras de hectáreas y recurrencias de todas las áreas incendiadas por año desde la sanción de la Ley Nacional 26.331 en 2007, así como fechas y lugares donde se han llevado adelante planes de restauración, qué herramientas se han aplicado y qué resultados se han obtenido.

Los planes de restauración del Ejecutivo también son parte de la polémica, ya que -según denuncian- el Gobierno destina fondos a la empresa Biofábrica Misiones S.A., firma que, desde hace tres años, estaría introduciendo clones de plantas exóticas invasoras (como Eucalytus grandis) en nuestra provincia, sin la Evaluación de Impacto Ambiental correspondiente. Como alternativa, desde CoDeBoNa, propusieron que se trabaje de manera articulada con la Red de Recolectoras/es y Viveros de Especies Nativas, que producen especies de plantas con las semillas del lugar, con protocolos de recolección, y que forman parte de economías regionales. 

“Exigimos que se respete la diversidad genética del bosque nativo de Córdoba, contemplando la heterogeneidad ambiental que la caracteriza”, expresaron. Y para ello, sugirieron que las organizaciones e instituciones que son parte del Nodo Centro de la Red de Restauración Ecológica Argentina participen en la elaboración, ejecución y seguimiento de los Instructivos Post-Incendio y las políticas de restauración.

No hay actualización sin participación real

Luego de que, la semana pasada, trascendiera que el Gobierno de Córdoba ya tendría definido el anteproyecto técnico de la nueva autovía que se construirá para continuar el tramo San Roque-Cosquín, por comunas que sufrieron los embates de las llamas, desde CoDeBoNa, subrayaron, una vez más, que no se pueden autorizar loteos, emprendimientos inmobiliarios ni obras viales en las áreas incendiadas ni en cualquier otro territorio sin la participación ciudadana real en la licencia social y ambiental sobre los mismos.

“En este contexto de cuarentena por la pandemia de COVID-19, ahora y más que nunca, exigimos participación real (y no virtual) en la toma de decisiones que repercuten en la salud de todxs lxs habitantes, como así también en la paz social. Es inexplicablemente irresponsable de parte de diferentes sectores plantear, en contexto de cuarentena, la actualización del mapa del Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo (OTBN) de la Ley 9814, a más de 5 años de vencidos los plazos y por lo cual hubo tiempo sobrado para instrumentar el proceso de participación ciudadana que requiere. Actualmente, resulta inviable asegurar que dicha participación será real y posible en los diferentes territorios de los actores involucrados en esta construcción política”, explicaron.

En referencia a esto, remarcan que las audiencias públicas virtuales no son de ninguna manera una herramienta de Participación Ciudadana real que cumpla con los requisitos que reglamentan y regulan las leyes provinciales 9.814 y 10.208.

Negligencia o mala intención

De acuerdo a lo informado por la Provincia, este año 2020, los incendios superaron las 50.000 hectáreas quemadas, mayormente por los siniestros ocurridos en la última quincena de agosto en el norte y el oeste, entre los departamentos Punilla, Colón, Ischillín y Cruz del Eje.

Según denuncian desde la Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo, la extensión de los incendios fue, en parte, porque el Gobierno retiró de las sierras aproximadamente 50 vigías encargados de la prevención y monitoreo de las áreas calientes o con riesgo de incendio. Lo que se suma a la desafectación en 2017 de la ley que dotaba de presupuesto al Plan Provincial de Manejo del Fuego (PPMF).

“Exigimos que sean restituidos inmediatamente los sistemas de monitoreo desde cada Municipio de todas las zonas afectadas y se aumente el presupuesto otorgado al PPMF, su efectivización y la transparencia en su ejecución, por sobre los valores que contaba al momento de la desafectación del Impuesto del Fuego”, expusieron.

Y, finalmente, concluyeron: “Prevenir es gestionar nuestros ecosistemas naturales, implementar las Áreas Protegidas, tener sistemas de control en territorio, vigilancia y alerta temprana, educación ambiental y la seguridad de la investigación y sanciones ejemplares a autores materiales e intelectuales de estos delitos por parte del Poder Judicial”.